jueves, 7 de febrero de 2013

La Reforma Educativa no está terminada, es una reforma parcial e incompleta, afirma la Senadora Mónica Arriola

Ciudad de México, jueves 7 de febrero de 2013.- En relación a la aprobación del Dictamen de la Reforma Constitucional en materia Educativa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Senadora Mónica Arriola comentó que lo aprobado NO es la reforma educativa integral que el país demanda. Se trata de una reforma de carácter administrativo con incidencia en materia educativa. Es una reforma parcial, incompleta y corta de miras.

Desde la Sexagésima Legislatura, Nueva Alianza ha presentado Iniciativas y Exhortos para impulsar la cobertura total y el mejoramiento de la educación. Propuestas de carácter sustancial que incluyen pero no se limitan a asignar una calificación a los docentes y que, por el contrario, abordan la complejidad educativa desde diversos temas: la infraestructura educativa, las nuevas tecnologías, los nuevos métodos pedagógicos, la relación padre de familia-alumno y padre de familia-maestro, el incremento del presupuesto destinado a ciencia y tecnología, y la atención focalizada a problemas regionales.

Con críticas de Nueva Alianza, declara constitucional Congreso Federal Reforma Educativa

Dora María Talamante afirmó en tribuna que una verdadera reforma propondría la innovación en los procesos educativos, sometería a revisión los planes y programas de estudio y atendería el lamentable abandono en el que se encuentra la infraestructura de la escuela pública”.


Con críticas de Nueva Alianza, el pleno de la Cámara de Diputados realizó la declaratoria constitucional de la reforma educativa.
El presidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), hizo oficial el aval de 23 congresos locales y turnó la reforma para recabar la firma del presidente y de un secretario y posteriormente turnarla al Ejecutivo federal para su publicación.
La diputada de Nueva Alianza, Dora María Talamante, quien pertenece al SNTE, denunció que “el embate” hacia los docentes para responsabilizarlos de la calidad educativa y, con ello, condicionar su permanencia en el sistema a través de procesos de evaluación con carácter punitivo, forma parte de una estrategia “impulsada, no por la sociedad ni siquiera por la autoridades educativas, sino por grupos de interés”.